TC y UASD inician Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en San Juan
En el acto, el magistrado José Alejandro Vargas Guerrero dictó una conferencia sobre la importancia de la jurisprudencia constitucional para el sometimiento de la Administración Pública al derecho
SAN JUAN DE LA MAGUANA. El Tribunal Constitucional (TC), a través de su Centro de Estudios Constitucionales, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dieron inicio al Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional dirigido a la comunidad jurídica de la región sur, con una conferencia a cargo del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero.
Durante su ponencia, titulada «Importancia de la jurisprudencia constitucional para el sometimiento de la Administración Pública al derecho», el magistrado Vargas Guerrero afirmó que cuando la Administración Pública ignora las sentencias de esta alta corte, además de exponerse a la nulidad de sus actos, compromete la legitimidad del ejercicio del poder público y la garantía de los derechos fundamentales.
El juez constitucional inició la conferencia, dictada en la UASD recinto San Juan, donde se llevará a cabo este diplomado, explicando que la Constitución dominicana impone límites al ejercicio del poder para garantizar los derechos fundamentales de las personas.
Precisó que la Administración Pública está obligada a ejercer sus funciones con estricto apego a la Constitución y las leyes para que sus actos resulten legítimos a los ojos de la ciudadanía, pero también resaltó que las personas no pueden olvidar que están llamadas a cumplir deberes fundamentales, tales como respetar y obedecer a las autoridades.
«Sujetarse a las reglas del derecho constituye una garantía de nuestra libertad y de la relación armoniosa que debe primar en toda sociedad democrática», expuso.
En ese sentido, el magistrado Vargas Guerrero destacó la importancia de que las autoridades se sometan a las decisiones que ha emitido el Tribunal Constitucional, pues estas sentencias invalidan actuaciones incompatibles con la Constitución.
El magistrado Vargas Guerrero manifestó que, frente a los problemas reales de la gestión pública, la jurisprudencia constitucional «actúa como presupuesto para la validez del obrar administrativo en un Estado social y democrático de derecho».
«Cuanto más internalice la Administración los criterios del Tribunal Constitucional, mayor será la densidad jurídica de sus actuaciones y más efectiva la protección de la persona frente al poder», añadió.
El magistrado sostuvo que la jurisprudencia constitucional debe concebirse como fuente de racionalización del obrar administrativo, ya que además de anular actos contrarios a la carta magna, orienta positivamente la producción de actos, reglamentos y políticas públicas.
«Cuando la Administración procede de conformidad con razonamientos previsibles, motivados y constitucionalmente controlables, se fortalece la confianza legítima del administrado y se evita que el poder público derive hacia fórmulas discrecionales incompatibles con el Estado social y democrático de derecho», dijo.
Sobre este punto, citó la Sentencia TC/00619/2016, en la que esta alta corte reafirmó que la sumisión de las actuaciones administrativas a la ley y al derecho debe ser completa y sin excepciones, con fundamento en el artículo 138 de la Constitución.
«Este criterio es de singular importancia, pues convierte el principio de legalidad administrativa en una exigencia constitucional reforzada y no en una mera regla de técnica administrativa. La trascendencia de esa decisión del Tribunal Constitucional descansa en que sitúa la seguridad jurídica del ciudadano como resultado directo del sometimiento administrativo al orden constitucional», precisó.
«Las sentencias del Tribunal Constitucional esparcen criterios de interpretación que han de ser ponderados por los entes administrativos al momento de aplicar la ley, diseñar procedimientos o resolver conflictos», añadió Vargas Guerrero.
Previo a la conferencia, el director general de la UASD recinto San Juan, Dr. Carlos Sánchez de Óleo, dio el mensaje de bienvenida y valoró como positiva la iniciativa del TC para la formación de los ciudadanos en temas de derecho y Constitución.
Asimismo, destacó la cantidad de universitarios que estudian Derecho en este recinto y la formación continua en esta rama del saber.
Este Diplomado en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional está dirigido a la comunidad jurídica de la región sur y se llevará a cabo los sábados de manera presencial en la UASD, recinto San Juan.
En el acto estuvieron presentes el subdirector académico, Bienvenido Romero Bocio; la subdirectora administrativa, Leonor Taveras; la coordinadora de la Unidad de Educación Continuada, Samira Morillo; el coordinador del diplomado, César Junior Fernández, así como juristas, catedráticos, estudiantes y servidores constitucionales.
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