La magistrada Army Ferreira estuvo presente en la reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de Género, donde habló sobre las sentencias del Tribunal Constitucional en esta materia
SANTO DOMINGO. La magistrada del Tribunal Constitucional (TC) Army Ferreira participó como panelista en la reunión de la Red de Funcionarias y Funcionarios Parlamentarios para la Igualdad de Género organizada por el Senado de la República, la Cámara de Diputados y ParlAmericas, donde destacó el papel decisivo del trabajo realizado por esta alta corte en favor de los derechos de las mujeres.
Durante su ponencia en el panel titulado «Promoviendo la articulación interinstitucional para el abordaje y la prevención de la violencia de género», la jueza constitucionalista trató la violencia política, como una de las modalidades de violencia que sufren las mujeres y afirmó que, a través de sus sentencias, el TC ha protegido el derecho de las mujeres a participar en política, evitando retrocesos normativos en materia de igualdad de género, convirtiéndose en un referente para los poderes del Estado en la creación de políticas públicas en su favor.
«El Tribunal Constitucional, como último intérprete de la Constitución, ha tenido la oportunidad de trazar una línea jurisprudencial de corte progresivo, que protege de una manera los avances ya alcanzados, pero que evita retrocesos normativos, y esto permite que todos los poderes del Estado, por el carácter vinculante de nuestras decisiones, las tomen en cuenta como una orientación al momento de diseñar políticas públicas en favor de la mujer», sostuvo.
La magistrada Ferreira, coordinadora de la Comisión de Igualdad de Género del TC, indicó que la violencia contra la mujer involucra una serie de conductas que no solo se circunscriben a violencia física. En ese sentido, indicó que, la violencia política en República Dominicana tiene un componente histórico, ya que tiene su origen en la limitación del derecho al sufragio del que fue objeto la mujer y consideró que el movimiento femenino de Las Sufragistas fue el que hizo posible que a la mujer se le reconociera el derecho a elegir y ser elegida.
Además, consideró que esa limitación del derecho al sufragio constituyó la raíz de la exclusión de las mujeres en los espacios de toma de decisión y ejercicio del poder.
En ese aspecto, la jueza indicó que el TC, como último intérprete de la Constitución, ha garantizado el derecho de la mujer a participar en la política. Como ejemplo de ello citó la Sentencia TC/0104/20, en la que esta alta corte evitó la desigualdad en la distribución de las candidaturas para las elecciones del año 2020.
Dijo que esta sentencia instó a los partidos políticos a crear las condiciones necesarias para que las mujeres pudieran ejercer su liderazgo y participar en un territorio donde realmente son competitivas, y donde pudieran materializar sus aspiraciones. «Este fue uno de los avances más significativos en materia de protección de los derechos de la mujer frente a la violencia política», añadió.
La magistrada Ferreira consideró que esto se vio mermado con la entrada en vigor de una nueva ley de partidos que especificaba que la cuota femenina de participación debía ser no menos del 40 % y no más del 60 % sobre la base de la propuesta nacional, pero el TC volvió a hacer historia en este tema, emitiendo la Sentencia TC/0620/23, que indicó que para diseñar esta norma el legislador no tomó en cuenta los criterios establecidos en el fallo anterior.
Esta alta corte dejó claro que la participación femenina debe ser de no menos del 40 % ni más del 60 % de la demarcación territorial.
Asimismo, la jueza constitucionalista indicó que el TC estableció al legislador que en el ejercicio de sus funciones puede otorgar una protección más amplia que la reconocida por este alto tribunal, pero nunca más baja. «Es decir, legislar para ir más allá en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de las mujeres, pero nunca reducir esa protección ya reconocida por el constitucional», manifestó.
La magistrada Ferreira indicó que, con estas sentencias, el TC aporta a que la equidad de género se internalice dentro del sistema de partidos políticos, haciendo que la perspectiva de género forme parte de los procesos electorales.
Por otro lado, al ser preguntada sobre la articulación interinstitucional en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género, la magistrada resaltó la importancia de que las instituciones trabajen de forma coordinada, además de educar en el tema desde la niñez y tener presente la realidad actual. «Yo leí una vez —y creo que es así— que al que no tiene dirección, ningún viento le es favorable», agregó.
«Por el carácter vinculante de las decisiones del Tribunal Constitucional, somos una inspiración hacia todos los poderes del Estado para la creación de políticas públicas en beneficio de la participación de la mujer y de su protección en todos los ámbitos. Así pues, yo creo que tenemos que trabajar en la dirección de protección progresiva de los derechos fundamentales de las mujeres en la sociedad», expresó.
En el panel también participaron la viceministra de Seguridad Preventiva en los Sectores Vulnerables del Ministerio Interior y Policía, Chandrai Estévez; la viceministra de Trabajo Infantil y Sectores Vulnerables del Ministerio de Trabajo, Dulce Quiñones, y la titular de la Dirección contra la Violencia de Género de la Procuraduría General de la República, Ana Andrea Villa Camacho.
La senadora María Mercedes Ortiz fungió como moderadora de este conversatorio al que asistieron legisladores, funcionarios y representantes de la sociedad civil, y donde se analizaron los avances en la prevención y el abordaje de la violencia de género en el país.